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Y hacemos este llamamiento con un sincero deseo de conciliación y respeto
Ya desde la primera Ley de Normalización Lingüística, en los años ochenta del pasado siglo, el nacionalismo catalán no ha cejado en su empeño de desterrar el uso del español de todos los ámbitos de la vida pública, pero sobre todo de la educación. A estas alturas, el objetivo está prácticamente cumplido. Sin embargo, no ha sido hasta hace bien poco cuando el Gobierno catalán ha osado ponerle el broche, la rúbrica final, a la expulsión del español como lengua vehicular de la enseñanza.
El reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba en abril pasado a un colegio de Canet de Mar a impartir en español al menos un 25% de la docencia (precedido de otras múltiples sentencias dictadas en idéntico sentido), y, con posterioridad, en mayo, la extensión de dicha obligación a toda la enseñanza pública catalana colmaron el vaso de la intolerancia nacionalista. Los sectores más extremistas del nacionalismo catalán, refugiados, tras la frustrada independencia, en la defensa a ultranza de la lengua (esencia, sagrada llama de la nación) alentaron, impusieron casi, al Gobierno de Pere Aragonès a emprender de nuevo el camino del desafío institucional a la Justicia.
La furia de los fanáticos se cebó despiadadamente con un pequeño, conocido como “el niño de Canet”, al que llegaron a amenazar con la segregación escolar, incluso con apedrear su casa, si sus padres no desistían de reclamar la ejecución de la sentencia que le reconocía el derecho a educarse también en español. Pero la ira nacionalista no dejó indemne ni siquiera a sus representantes políticos, acusados de debilidad, falta de firmeza en la defensa de la lengua… En definitiva, de traición.
Así es como el Gobierno de Aragonès se vio en la necesidad de urdir alguna treta para contentar a sus bases sin por ello incurrir en flagrante desacato a las sentencias judiciales. De todos es conocido que la valentía nunca ha sido seña de identidad de los Gobiernos nacionalistas, sino que más bien es el ardid, la astucia artera (aún pervive en nuestra memoria el astuto Artur Mas) lo que los caracteriza. Y así es como dieron, con la imprescindible complicidad de la izquierda parlamentaria, en elaborar un decreto (Decreto 6/22) y una ley (Ley 8/22) para eludir, sin ni siquiera disimularlo, el cumplimiento de las sentencias que obligaban a la aplicación de un 25%, al menos, de enseñanza en español.
